Héctor Marcos Timerman, Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, ofrece una conferencia sobre las Malvinas. Fuente UN Photo/Paulo Filgueiras
El gobierno argentino presentó una protesta formal ante las Naciones Unidas aduciendo la reciente militarización del Atlántico Sur por parte de Londres, con lo cual la escalada política iniciada en los últimos meses ha tomado una nueva dimensión.
Por Matías Pablo Arese (Argentina)
El ministro de Relaciones Exteriores argentino, Héctor Timerman, concurrió ante el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el pasado viernes para denunciar la “militarización” del Atlántico Sur por parte de Gran Bretaña, tal como había anticipado la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner días antes en un acto oficial en el palacio presidencial.
En conferencia de prensa ante medios de todo el mundo, Timerman hizo alusión al arribo del moderno buque de guerra HMS Dauntless a las Islas Malvinas y de la posible presencia del submarino nuclear Vanguard en sus aguas circundantes.
Asimismo, para resaltar el alto poder de fuego que posee la base británica de Malvinas (instalada luego de la guerra de 1982), Timerman argumentó que desde allí la Marina Real puede atacar no sólo a Argentina sino también a Chile, Uruguay e incluso el sur de Brasil y controlar todo el tráfico marítimo del Cono Sur. Además, el canciller exhibió documentos que demostrarían que en las islas se instalaron sofisticados sistemas de comunicación y radares, polígonos de tiro y dos pistas de aterrizaje de gran extensión.
Otro argumento que el gobierno argentino esgrime como prueba de la militarización de Malvinas es la presencia del príncipe William, heredero al trono, para realizar ejercicios militares. Aunque este hecho no fue incluido en la protesta ante la ONU, desde Buenos Aires ya se había repudiado su presencia en las islas mediante un comunicado de prensa particularmente duro del Ministerio de Relaciones Exteriores en el que afirmaba: “El pueblo argentino lamenta que el heredero real arribe a suelo patrio con el uniforme del conquistador y no con la sabiduría del estadista que trabaja al servicio de la paz”.
El grado de tensión pública entre Argentina y Gran Bretaña viene aumentando de manera gradual pero continua desde que el pasado 20 de diciembre de 2011 el MERCOSUR aprobara una resolución mediante la cual los Estados Parte prohíben el arribo a sus puertos de buques con bandera de Malvinas por considerarla ilegal, medida similar adoptada previamente por la UNASUR y en forma posterior por el ALBA.
Estas iniciativas de los bloques regionales sudamericanos motivaron la rápida intervención del gobierno conservador de David Cameron a través de su canciller William Hague, quien debió desplegar una intensa actividad diplomática para intentar revertir la situación.
A la par de la medida del Mercosur, la cercanía del 30º aniversario de la guerra del Atlántico Sur constituye además un factor emotivo que reabre el debate sobre las responsabilidades militares y civiles de la contienda, actualizando la “cuestión Malvinas” en ambas naciones.
Al respecto, el gobierno argentino ha ordenado desclasificar el denominado “Informe Rattenbach”, estudio encargado por la dictadura argentina para intentar elucidar las razones de la derrota bélica y que luego fuera censurado por la propia Junta Militar, ante la severidad de sus conclusiones. Mediante un decreto del poder ejecutivo, el informe será estudiado durante treinta días por una comisión mixta y será luego dado a conocer al público.
Dicha medida constituye un eje más de la estrategia argentina tendiente a demostrar que la guerra de abril de 1982 fue una aventura de la Junta Militar, desesperada por retener el control político del país, al que gobernaba con mano de hierro desde 1976 y que nada tiene que ver con la Argentina que goza de un sistema democrático desde 1983 y que esgrime la causa de los Derechos Humanos como política de estado.
Otras razones para la actual escalada política entre Argentina y Gran Bretaña pueden hallarse en la profunda crisis económica que se vive en la potencia europea. Funcionarios argentinos e incluso algunos miembros de la oposición coinciden en acusar al gobierno de Cameron de intentar desviar la atención de los graves desequilibrios socio-económicos apelando al patriotismo de sus ciudadanos con el tema Malvinas.
Otro episodio que contribuyó enormemente a intensificar el conflicto fueron las declaraciones del Primer Ministro, David Cameron, ante el Parlamento de su país, cuando sostuvo que es en realidad la Argentina la que tiene una postura “colonialista” con respecto a Malvinas.
Dicha frase fue condenada de forma unánime en Argentina, constituyendo un factor de coincidencia entre oficialismo y oposición, algo que ya había ocurrido meses atrás cuando otra intervención pública de Cameron había causado indignación, al declarar que la cuestión Malvinas no será discutida por Gran Bretaña, añadiendo: “punto final, fin de la historia”.
El actual estado de tensión entre Argentina y Gran Bretaña puede evocarse cada comienzo de año, a medida que se acerca el 2 de abril, fecha en que Buenos Aires conmemora el inicio de la guerra y el 14 de junio, día en que Londres celebra la victoria militar.
En esta ocasión, a diferencia de lo sucedido en otros años, el conflicto se ha internacionalizado, no sólo por el recurso argentino ante la ONU sino también por el accionar de los bloques regionales como Mercosur, UNASUR y ALBA a favor de Argentina y la CARICOM apoyando a Gran Bretaña, además de la tímida intervención de la OEA (la participación de la Unión Europea fue nula).
Ante este inusitado tinte internacional que ha tomado el caso, el gobierno de los Estados Unidos ha debido intervenir mediante un comunicado del Departamento de Estado en el que, si bien afirman que reconocen la autoridad de facto de las islas Malvinas, instan a las partes a negociar una salida diplomática al conflicto.
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