Humberto de la Calle, jefe de la delegación colombiana en los diálogos con las FARC

Por: Juan Sebastián Granada

El proceso de paz en Colombia suscita todo tipo de reacciones entre los colombianos. Todo el mundo tiene algo que decir, sobre todo si se trata de presentar sus objeciones. Nadie está de acuerdo. Ni los grupos políticos, ni los económicos, ni la ciudadanía, ni los medios. Aparentemente sólo la comunidad internacional ha podido concertar que, efectivamente, el proceso de paz en Colombia es necesario. Ahora bien, aun no se sabe a ciencia cierta en cuáles hechos concretos se traducirá el apoyo internacional al proceso de paz.

Desde que se iniciaron los diálogos entre las FARC y el gobierno de Santos en septiembre de 2012, las críticas más repetidas frente a la manera en que se desarrolla el proceso han sido: 1) la ausencia de la sociedad civil y 2) la posible amnistía a crímenes de los grupos armados.

Ambas son, por supuesto, críticas importantes que merecen ser tenidas en cuenta. Por el momento enfoquémonos en la primera de ellas.

Si los diálogos no cuentan con la legitimación de la sociedad colombiana ¿para qué nos serviría un acuerdo de paz firmado en un papel cuyos efectos no se verían reflejados en nuestra vida cotidiana? Si no implican una reflexión sobre la justicia en el país ¿no correríamos el riesgo de seguir hundiéndonos en nuestra espiral de violencia?

Pero ¿qué significa realmente la ausencia de la sociedad civil? ¿Acaso al votar por el gobierno de Santos los colombianos no le otorgaron la legitimidad necesaria para llevar a cabo los diálogos? ¿Cómo se debe manifestar entonces la sociedad civil? ¿Realmente habrá que someter a los votantes a un referendo en el que se les pregunte si quieren la paz o quieren seguir en guerra?

Lo que sucede es que a algunos les parece que no es contradictorio pensar al mismo tiempo en a) alcanzar la paz y b) acabar con los “malos”/los “terroristas”/los “asesinos”. Como si con ello no se convirtieran las víctimas en verdugos o como si perdiéramos de vista que no hay una frontera límpida entre los “malos” y los “buenos”, porque la verdad es que todos los colombianos, en cierta medida, son culpables de la violencia: los que la viven directamente y los que la ven a través de la pantalla, los que la reivindican y los que la quieren ocultar, los que insisten en la intransigencia del perdón y los que insisten en la intransigencia del castigo.

A través de las acciones y de las omisiones, todos participan de la guerra en el país. Por ello Estanislao Zuleta insistía, con razón, en que nadie puede ser realmente apolítico: no interesarse por la política ya es asumir una posición política. La peor de todas, quizás.

¿De qué manera debe entonces la sociedad civil interesarse por los diálogos de paz?

Habrá que informarse, en primer lugar. Pero informarse no es lo mismo que consumir información. En vez de aceptar pasivamente la información para luego repetirla irreflexivamente, los ciudadanos deberían preguntar, participar y reflexionar en sus propias comunidades –por medios reales y virtuales– sobre este tipo de temas para formarse una opinión verdaderamente estructurada. Deberían aprender, por ejemplo, que los diálogos de paz no son una práctica desusada o insólita. Se han realizado en Perú, en Nicaragua, en Sudáfrica. Saber que existen instituciones en el país dedicadas esencialmente a realizar investigaciones sobre la paz es importante, como el CINEP y medios de comunicación alternativos como RazónPública en donde se intenta exponer una visión más constructiva del conflicto.

La tarea de la sociedad civil es, también, preguntarse en qué forma sus acciones inciden en la violencia en el país, y qué se podría hacer para participar – de manera local y simbólica – en la construcción de una sociedad menos violenta. La sociedad civil debe preocuparse, en resumen, por una vivencia democrática directa que complemente el proceso institucional de los diálogos de paz.

Cortesía de: http://indolelatinoamericana.wordpress.com

Legisladores de la oposición argentina en protesta contra la reforma a la justicia propuesta por el Gobierno.

Por: Andrea del Pilar Naranjo

Para Cristina Fernández de Kirchner no es problema encontrarse en el ojo del huracán, su polémica presidencia ahora enarbola las banderas del reformismo judicial, a pesar de las furiosas críticas de sus detractores, la aprobación de su proyecto de ley de ‘democratización’ de la Justicia asesorado por Baltazar Garzón, permite concluir que aún cuenta con las mayorías legislativas. El paquete de seis leyes aprobado en las cámaras, incluye modificaciones que abordan desde el proceso de elección y selección de los jueces y demás funcionarios judiciales, pasando por la composición de la magistratura hasta la inserción de  límites en algunas de sus decisiones.

La reforma aprobada puede dividirse en dos cuerpos, el primero de índole estructural de la Rama Judicial, que rige acceso y conformación; el segundo de carácter eminentemente procesal y versa sobre el esquema de divulgación de fallos y medidas.

Modificaciones Estructurales de la Rama Judicial:

a. Ingreso democrático al Poder Judicial y al Ministerio público Fiscal y de la Defensa: La propuesta gubernamental aprobada interviene en el proceso de acceso al sistema de carrera judicial. Anteriormente los jueces de los tribunales inferiores eran elegidos por el Presidente de la Nación, luego de un acuerdo en la Cámara de Senadores con intervención del Consejo de la Magistratura, ahora el sistema de vacantes se cubriría con una nómina de ingresantes jerarquizada por los resultados de una prueba de desempeño y aptitudes.

b. Reforma del Consejo de la Magistratura: Uno de los puntos más discutidos se concentra en la propuesta de elección por voto popular de una porción de los Magistrados del Consejo de la Magistratura a través de las boletas o listas de partidos en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en las que se agregaría una sección de abogados y jueces, ampliando el número de consejeros de 13 a 19, la iniciativa afecta además el sistema de destitución judicial que demandará solamente la mitad más uno de los votos de los consejeros para provocar la desvinculación del cargo. La supeditación de la elección a la mediación de los partidos políticos y la modificación de mayorías para la toma de decisiones, han sido objeto de varias críticas por los riesgos de ‘partidización’ y parcialidad que implica para el poder judicial involucrarse en campaña con una ideología política.

c. Creación de las Cámaras de Casación para los fueros Civil, Comercial, Laboral y Contencioso Administrativo: Calificada como tercera instancia, pretende operar como juez de revisión de las decisiones de las actuales cámaras de Apelaciones y como sede previa a la Corte Suprema, encargada principalmente de la selección de causas,  alteración institucional que puede generar dos resultados, o bien como lo augura Horacio Verbitsky, director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de argentina podría “Cortar los nexos espurios entre las Cámaras de Apelaciones y la Corte Suprema y reservar para el máximo tribunal las causas propias de un Tribunal Constitucional.”[1] O redundar en mayor burocracia y dilaciones para una justicia de por sí congestionada y demorada.

d. Publicación de las declaraciones patrimoniales de los jueces: Tema de amplia aceptación y uno de los argumentos de defensa de todo el proyecto de reforma, busca conminar a los funcionarios de los tres poderes y específicamente de la Rama Judicial a la presentación de sus declaraciones juradas de patrimonio, modificando el capítulo III de la Ley Nacional de Etica Pública[2].

Modificaciones Procesales:

a. Publicidad de los actos del Poder Judicial: Con el objetivo establecer mejoras en el sistema de información, se concreta la obligación de divulgar todos los fallos de la Corte y de los tribunales de apelación en una plataforma denominada Registro Público de Causas, donde entre otros datos se consignará el número del proceso, sus partes e intervinientes, el objeto de la litis y el Estado de proceso así como las fechas de inicio y finalización de cada actuación.

b. Ley de regulación de medidas cautelares contra el Estado y sus entes descentralizados: El mecanismo procesal detiene la ejecución del acto o actos cuestionados al demostrar que la demora en la decisión concluirá con la imposibilidad de restablecer el derecho ahora es limitado temporalmente con 6 meses prorrogables una sola vez y materialmente, pues su decreto no puede recaer sobre bienes del Estado.

Las normas en su conjunto,  han sido catalogadas como de cariz político y contestatario, especialmente ante la coyuntura de la promulgación de dos recientes fallos: el primero a favor del Grupo El Clarín –quien ha evitado acatar la Ley de servicios de comunicación audiovisual llamada ley antimonopólica de medios aprobada desde 2009-, el segundo, la resolución que aceptó la imposición de la medida cautelar, contra el decreto 2552/12[3], que declaró nulidad en la venta y ordenó expropiación de la sede principal de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Esta última, es quizá la propuesta más criticada por la oposición Argentina, que alega la flagrante vulneración no solo de la Constitución Argentina (Art 114), sino de la Convención Americana de Derechos Humanos, que integra a las medidas cautelares como parte de las herramientas judiciales necesarias para la protección de grupos en situación de vulnerabilidad (CADDHH Art 25).

El riesgo mayor nace cuando se conciben las medidas más allá de su carácter meramente  patrimonial, y se encaminan a cesar actos que vulneren derechos fundamentales como la libertad y la igualdad de colectivos o personas en condición de indefensión, situación destacada por la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) Gabriela Knaul, en reciente declaración[4] quien además califica la reforma de desmesurada y desequilibrada poniendo en riesgo el equilibrio de poderes y la independencia judicial.

Sin embargo, la aprobación del proyecto en sede legislativa, no ha calmando los ánimos, por el contrario, la división entre ‘Kirchneristas’ y opositores permanece y cada día se vigoriza, recientemente se produjo el primer rechazo de demanda colectiva de amparo que solicita la anulación de los textos aprobados.

El episodio argentino, es clara muestra de las pugnas internas que predominan en nuestra región que se erigen como uno de los más grandes obstáculos para la conformación de Estados verdaderamente democráticos que incluyan al ciudadano y a sus verdaderas necesidades de justicia como faros iluminadores de las reformas, más allá de los meros intereses políticos del gobierno de turno.

By: Ruli Harahap

As the situation in the Syrian civil war continues to worsen, the world is faced with one glaring question: What to do? Can the situation be salvaged? Can the al-Assad regime, with the aid of Iran, China and Russia actually regain control? Can the West win the proxy war? What will happen to all those chemical weapons? Above all else the world must answer the first question: What to do? At this point, it maybe best for the world to adopt a policy of containment, instead of intervention.

On 06 MAY2013 a leading member of the UN Commission for Inquiry, Carla Del Ponte dropped a bombshell: There are indications that the Sarin use reported in Syria reported in Syria several weeks ago was actually done by the rebels.  If its true, then this is the nightmare that the world has been dreading all along: That chemical weapons had fallen into the hands of non-state actors active in Syria; some of which are linked to Al-Qaida.

This development, of course, is a threat to everyone involved in the proxy war now raging in Syria. Iran, Russia and China – long supporters of the al-Assad regime – want a friendly, pliable government in Syria to help offset Israel’s domination in the region. The last thing they want is to get sucked into a long, dirty war with no end in sight, involving chemical weapons. If this were to happen, we can expect to see Russia and China pulling out fast, with Iran – having no choice in the matter since they are heavily invested in dominating the region – getting sucked in deeper.

The West, on the other hand, are long supporters of the democratic portions of the Syrian rebellion; a position made harder now as the line between the somewhat democratic and secular Free Syrian Army and the more extremist salafist jihadi groups has been blurred. Western powers face the very difficult question of how to selectively support the rebel groups in Syria in order to ensure that any support they give – be it weapons, medicine or other support – do not fall into the ‘wrong’ rebels’ hands. An almost impossible task.

One thing that both parties of the proxy war can agree on, however, is their mutual interest in preventing the huge stockpiles of chemical weapons owned by the Syrian military from falling into rebel hands. If this happens, not only chemical weapons use in Syria be much more common, but many of these weapons will find their way to other conflict areas/regions where jihadi elements are active: North West China, the Caucasus and Chechnya, Iraq, Iran, Afghanistan, Pakistan, Southeast Asia, and North Africa. Some of these weapons will also undoubtedly find their ways to the open market where everyone with a suitcase full of cash can purchase Sarin or VX shells.

All parties in this proxy war are desperate to prevent this from happening. More importantly, the World is desperate to prevent this from happening. Imagine an artillery shell full of VX, rigged as an IED, being activated in a crowded mall. The situation in Syria, however, means that the Government of Syria is rapidly losing its ability to control their stockpiles. What is the world to do?

There are basically two options available: Intervention or Containment. Option one, intervention, is unpalatable. The United States had pretty much spent all of its strategic bandwidth in Iraq and Afghanistan. The American people will not tolerate another long, ugly war in the Middle East. Plus the widely held perspective that Syria holds no pressing national interest for the United States and the Pivot to the Pacific strategy that Obama adopted meant that the U.S. will focus elsewhere. Likewise, other NATO countries do not wish to involve themselves. France, for instance, has their own war in Mali to think about. A war that is much more popular with their domestic population. The rest of the Europeans are facing a financial crisis. The last thing they want to do is to go gallivanting about Syria on a prolonged mission with no clear objectives.

On the other side, Russia and China have no interest in embroiling their troops in the Syrian mess. They have just enough boots on the ground to protect their interests and nothing more. They support the al-Assad regime with materiel and some training, but that’s about it. Iran, of course, has deeper agendas and ties in Syria. Ultimately, it wants to come out on the other side as the dominant presence in the Middle East, but deploying the Iranian Army or Revolutionary Guard to Syria will quickly deplete Iran of its capability to operate elsewhere.

Since intervention is out of the question, the only option left is containment. This may sound cruel to you, but if the jihadis and the Government of Syria continue to fight things out in Syria, they’re not going to raise havoc elsewhere in the world. I believe this is what Israel has been doing all along. Its airstrike on a Syrian weapons facility was aimed to prevent advanced weapons from leaving Syria. As we can see so far, this is all Israel is interested in. Their troops have responded to fire from the Syrian side, yes, but had made no moves o actually enter the Syrian border.

The best way forward is for the rest of the world, including the parties involved in this proxy war, to adopt the same strategy. To force a peace in Syria is impossible at this time as it will require an expenditure of personnel and materiel with no appreciable gain. However, containment is still possible. If not seizing the chemical weapons outright, then at least ensuring that they will never leave the Syrian border. Whatever happens in Syria must then be chalked up in the ‘necessary evil column.’ This is unpalatable to more progressive/liberal elements everywhere, but the alternatives range from very expensive to downright nightmarish.

Intervention in Syria is an unattractive, and nonviable option for anyone involved. However, the chemical weapons stockpiles need to be secured in order to prevent them from being used elsewhere in the world. Containment is the only option that is doable, and viable in the foreseeable future. Unfortunately this will mean allowing the war in Syria to continue with its horrific loss of life. An unfortunate turn of events, yes, but necessary when viewed from a purely pragmatist point of view. To allow the situation in Syria to spiral out of control, and thousands of WMDs to leave its border, is to open the gates to events with unthinkable consequences.

Under the Shadows of the Levant: A Syrian Question was originally written by Ruli Harahap at Newspeak Jakarta.

Por: Ana Carolina Gómez

El pasado 3 de mayo se celebró, a nivel mundial, el día de la libertad de prensa, fecha que ha buscado durante los últimos 20 años recordarnos la importancia de respetar y defender este principio básico para las democracias.

La Primavera Árabe o las protestas anti-globalización son acontecimientos que nos revelan que la posibilidad de conocer los hechos, opinar sobre ellos y, más tarde, tomar acciones en favor o en contra de algo es la forma en la que se vive hoy la democracia. La movilización es entonces una de las formas predilectas para manifestar la inconformidad con las instituciones y de generar cambios.

América Latina no ha sido la excepción en estas dinámicas. Los estudiantes chilenos demostraron, por ejemplo, que el gobierno debe tener en cuenta su voz para tomar decisiones acerca del sistema educativo. Los medios de comunicación (tradicionales y modernos) contribuyeron a que esta propuesta tuviera eco y sirviera como ejemplo a otros países con dificultades similares.

Sin embargo, muchos países de la región tienen aún una gran deuda en cuanto al respeto por la libertad de prensa, sobre todo, aquellos que a pesar de llamarse formalmente democráticos, están abrazando estrategias populistas y autoritarias que empobrecen el ejercicio ciudadano.

Es el caso de Venezuela, o incluso Argentina, en donde los medios de comunicación que no hacen parte del oficialismo no cuentan con las garantías necesarias para ejercer su oficio. Igualmente, tras el golpe de Estado en Paraguay, los medios vieron restringida su posibilidad de informar con libertad.

El presidente de Ecuador encarna otro ejemplo del fuerte enfrentamiento entre los medios de comunicación privados y el gobierno y constituye uno de los ejemplos más radicales. La razón que se atribuye a estas restricciones es la falta de neutralidad o de independencia por parte de los medios de comunicación. Sin embargo, muchas veces las limitaciones son el resultado de la paranoia de los gobernantes.

Esta situación demuestra varias dificultades en América Latina: 1) la incapacidad del sistema político de recoger todas las demandas sociales por lo que los ciudadanos recurren con más frecuencia a medios alternativos para manifestarse; 2) la ausencia de una cultura de oposición, ya que los gobiernos de turno se sienten amenazados con facilidad cuando reciben argumentos contrarios a los suyos; y 3) muy relacionado con lo anterior, la estigmatización del oponente político como enemigo personal, motivando indirectamente a aquellos que piensan diferente a refugiarse en grupos extremos o a callar sus opiniones.

Es importante reconocer sin embargo que para que la libertad de prensa sea un derecho y un principio defendible, los medios de comunicación deben poseer un alto sentido de responsabilidad social, ya que el poder que tienen sobre la sociedad civil es enorme y muchas veces, no cuentan ni con la prudencia necesaria, ni con el conocimiento pertinente para ejercer su función de comunicar.

Además de ello, no por el hecho de que los ciudadanos comunes tengan acceso a toda la información quiere decir que exista libertad de prensa y, con ello, democracia.  Es decir que para que el esfuerzo de dar a conocer la información tenga algún sentido, la sociedad debe estar interesada e igualmente, estar dispuesta a participar de la vida pública. De lo contrario, se trata de un derecho muerto.

Sin embargo, ciudadanos interesados en su democracia no es igual  a conocedores de todo, pues ha existido siempre información que resulta útil únicamente para las personas involucradas y que debe ser manejada por expertos, ya que de utilizarse sin conocimiento puede resultar perjudicial para la sociedad. Es el caso, por ejemplo, de las estrategias militares de los países en conflicto.

Así, es fundamental defender el principio de la libertad de prensa pero éste debe estar acompañado por un sentido de responsabilidad que muchas veces ha estado ausente en el caso latinoamericano. Estamos en un momento de la historia en la que reivindicamos casi a diario nuevos derechos que ni siquiera conocíamos, pero olvidamos rápidamente que con cada derecho aparece un deber. A lo que debemos apuntar entonces es a encontrar un equilibrio entre lo que debemos hacer y lo que queremos hacer.

Cortesía: http://indolelatinoamericana.wordpress.com/

Por: Andrés Mahecha

La guerra interna en la que se debate hoy Siria, con enfrentamientos diarios en los que han muerto alrededor de 34.000 personas según Human Rights Watch, se ha transformado en el campo de batalla de los principales países del mundo, quienes se debaten allí no sólo el aumento de su influencia mundial y regional sino sus intereses nacionales.

Por un lado, se encuentran los países que apoyan al Ejercito Libre de Siria: Estados Unidos, Turquía, Israel y los principales países de Europa Occidental como Francia, Alemania y Reino Unido; por otro lado, están los países que intentan a toda costa mantener el gobierno de Bashar Al-Assad: Rusia, China, Irán y otros actores no estatales como Hezbolá y algunos grupos chiitas de Irak.

El primero de los bandos, quien gracias a su intervención en Libia logró derrocar al gobierno de Muamar el Gadafi, ha hecho todo lo posible para poder realizar de nuevo una intervención armada, esta vez en Siria, ya sea por medio de una coalición de países o por medio de la OTAN, sin embargo, para poder hacer esto de una manera legítima necesitan la aprobación por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, algo que no ha sido posible gracias al veto de Rusia y China.

Debido a dicha negativa por parte del Consejo de Seguridad, los países occidentales no han podido hacer más que intervenir en el conflicto sirio de forma indirecta. Primero enviando armamento a los rebeldes por medio de la OTAN y después realizando pequeñas intervenciones militares por medio de Israel y Turquía en las respectivas fronteras de ambos Estados.

No obstante, los Estados Unidos y sus aliados han afirmado que el traspaso de la línea roja, un ataque con armas químicas, llevaría a la intervención directa de los Estados occidentales, algo que al parecer ya ha ocurrido, puesto que en las últimas semanas la ONU ha indicado que se usó gas sarín por parte de la oposición y la OTAN ha dicho que, si bien si se usó dicho agente químico, no se tiene certeza de quien pudo haberlo usado.

Ante la falta de certeza, los Estados Unidos han decidido no atacar a Siria, pero su Congreso cada vez más preocupado por la situación, ha decidido en los últimos días presentar un plan de contingencia ante la comisión de relaciones internacionales, en el cual se plantea el apoyo militar al Ejercito de Liberación Siria por medio de adiestramiento, armamento y una restricción aérea. Algo que no termina de convencer al presidente Obama, quien considera que aún se puede llegar a una solución negociada, sin tener que confrontarse de manera indirecta con Siria y sus aliados.

Mientras tanto el lado opuesto sigue haciendo lo propio ante la indecisión de Occidente, ya que al igual que Estados Unidos y sus aliados, Siria es un lugar donde está en juego el interés económico y militar de algunos Estados como Rusia quien sólo posee una base militar en el exterior y esta se encuentra en Siria, algo muy importante para la Federación Rusa, más en estos momentos donde el país está intentando aumentar su poder y su influencia en el sistema internacional.

Por otra parte, Siria ha sido durante las últimas décadas uno de los principales socios comerciales de Rusia y uno de sus mayores compradores de armamento, por lo tanto un cambio de gobierno afectaría sus inversiones en el extranjero y su industria militar. De igual forma China se vería afectada, ya que, junto con Rusia, son los principales proveedores de armamento del gobierno de Al-Assad.

En cuanto a los países de la región, Irán ha jugado un rol importante a la hora de ayudar al gobierno sirio tanto en el ámbito diplomático como en el militar. Por un lado, Irán le ha brindado al gobierno sirio todo su apoyo diplomático, oponiéndose a una posible intervención de los países occidentales y contrariando la postura de la Liga Árabe, quien desde hace meses busca la forma de que Al-Assad salga del gobierno de manera negociada y poder parar de una vez por todas la guerra.

Por otro lado, el gobierno iraní ha buscado darle apoyo al gobierno sirio por medio de la creación de una plataforma diplomática llamada Eje de la Resistencia, conformada por Siria, Irán y docenas de actores estatales y no estatales a favor del gobierno sirio.

En cuanto al ámbito militar el apoyo iraní ha sido fundamental para el gobierno sirio, ya que por medio del envío de armamento y efectivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria a territorio sirio, el gobierno de Al-Assad ha podido reforzar su ejército y recuperar ciudades estratégicamente valiosas como Homs. Reafirmando así la alianza chiita de la región, la cual se ha visto reforzada por Hezbolá y varios grupos chiitas de Irak que se han incorporado al ejército sirio.

Pero si bien es cierto que Rusia y China poseen intereses en Siria, son más importantes los intereses de Irán, ya que una caída del régimen sirio debilitaría su influencia en la región y entre los grupos chiitas donde se ha logrado posicionar como líder durante los últimos años. Por lo tanto, la caída del gobierno sirio significaría una disminución importante de su poder e influencia en la región, algo que sabe muy bien Occidente y en especial Estados Unidos que desde hace varios años ha comenzado a ver al gobierno iraní como un seria amenaza no sólo sus intereses en la región sino también a los intereses de sus aliados (Turquía, Israel, Arabia Saudita y Jordania) que cada día se sienten más incomodos con las actuaciones y el papel que ha comenzado a jugar Irán en Medio Oriente.

Por lo tanto, más allá de las diferencias que existen entre la oposición y el gobierno, los principales países de la región y del mundo se están jugando sus intereses en la conformación de una nueva geopolítica en Medio Oriente. No es suficiente con poner de acuerdo a las partes internas del conflicto, el Ejército de Liberación Sirio y el gobierno de Bashar Al-Assad, sino que también es necesario llegar a un acuerdo entre los Estados que han hecho que la guerra en Siria persista, o de lo contrario el país estará condenado a seguir en un conflicto del que todos saben cómo empezó pero no como terminara.

Por: Katharina Seeger

En el pasado, la comida Fast Food y las bebidas con altos niveles de azúcar determinaban una huella propia para la cultura estadounidense, junto a sus multinacionales que producían dichas comidas. Sin embargo, hoy la exuberante presencia de estos alimentos en esta sociedad ha creado una estrecha relación entre el tipo de alimentación y el 34% de la población que sufre de obesidad, convirtiéndose esa asociación en una problemática de orden nacional.

En la actualidad el tema de obesidad en los Estados Unidos, ha generado grandes preocupaciones por parte del gobierno, de tal manera que ahora se promuevan campañas a favor de la alimentación saludable. Los comunicados del ministro de la Salud, Tommy Thompson, indican que es fundamental recurrir a medidas inmediatas para hacer entender a la población que la obesidad puede desencadenar en muerte.

Según estudios del Instituto del Corazón de Texas, la obesidad en los Estados Unidos ha causado la muerte de 112.000 de personas, estos datos aumentan año tras año con una perspectiva poco favorable. Por tal razón, se ha involucrado a las multinacionales como Coca-Cola –que ocupa un papel esencial en este asunto de salubridad- para fomentar un mayor compromiso por parte de las empresas en este propósito.

Otra multinacional que se ha unido  aunque de  manera diferente, a la lucha de obesidad en Estados Unidos ha sido McDonalds, sus modificaciones se debe a que en años anteriores esta cadena enfrento varias demandas a causa de los perjuicios producidos por el alto consumo de este tipo de alimentación entre los consumidores menores de edad. Este comportamiento es a causa que Mac Donalds ha venido despertado un gran intereses  entre  la población juvenil e infantil por el consumo de su comida y lo que influye en el aumento de los niveles de obesidad a temprana edad. De esta manera  la  empresa  de comida chatarra adoptó por  una  nueva comercialización de productos que  intenta de  promover mas el consumo de alimentos como ensaladas además de reducir las grasas en las papas fritas, sin embargo, fomentar esta nueva línea de alimentos mas saludable entre la población no ha tenido una recepción exitosa.

En el caso de Coca-Cola (que ha sido acogida en mas de 200 países en el mundo),  sus numerosas controversias sobre los perjuicios y daños causados por la bebida y sus efectos secundarios sobre la salud, no parecen afectar el número de consumidores de esta bebida en el mundo. El éxito comercial de esta bebida también radica en su estrategia publicitaria, que transmite –en un sinnúmero de idiomas- mensajes que muestran a Coca-Cola como compañera y difusora de amistad felicidad y suerte.

Ahora la publicidad de este ícono de la cultura norteamericana se ha encargado de acoplarse a las nuevas medidas adoptadas por algunos estados y ciudades de los Estados Unidos, como Nueva York, que buscan reducir el numero de obesos en el país mediante la disminución del uso de las grasas trans y las sales entre su población. Coca-Cola se une a esta lucha con el fin de mostrar una nueva posición ante este problemática, aunque esto parece representar todo un reto y un brusco cambio en sus estructuras de marketing.

El nuevo comercial de Coca-Cola (Coming Together)[i] en la televisión estadounidense, transmite la idea de vender esta bebida como es, sin cubrir sus  calorías y  agregando el mensaje que todas las calorías afecta el peso incluyendo también a los productos que ofrece Coca-Cola. Además resalta que esta compañía se ha esforzado durante los años en disminuir en sus contenidos los niveles de azucares. También busca mostrar que el problema de la obesidad no depende del consumo de Coca-Cola, al contrario, se intenta decir que este producto esta en constante modificación para ofrecer una línea más saludable y mejorada.

Sobre todo, el objetivo de este comercial es mostrar que aunque sea una bebida con un alto nivel de calorías, no hay razón para dejar de consumirla. Es una estrategia donde se intenta hacer ver que Coca-Cola está comprometida con la campaña de vencer el alarmante crecimiento de la obesidad, pero junto al consumo de Coca-Cola.

La relación entre la nueva dirección que han tomado los mensajes publicitarios de Coca-Cola y las medidas adoptadas por el gobierno estadounidense, da cuenta de una presión sobre el gobierno para hacerle frente a este problema y sobre algunas compañías, como Coca-Cola que intentan acomodar sus estrategias publicitarias en este sentido, sin que eso represente una disminución en sus ventas.

Desfile del Ejército de Brasil

Por: Santiago Pérez desde Rio de Janeiro

La expansión del presupuesto de defensa y la importancia de las Fuerzas Armadas para las nuevas necesidades de la diplomacia brasileña.

Según el Ministerio de Defensa de Brasil aumentó un 34% sus gastos militares entre 2011 y 2012. Buena parte de los recursos se destinaron a programas considerados estratégicos, como el desarrollo de submarinos para la Marina, la modernización de aeronaves caza y el desarrollo del avión de transporte KC-390, el cual aún no se encuentra disponible. Otras áreas que recibieron una inyección de recursos fueron la actualización de sistemas de artillería aérea y la recuperación de equipos deteriorados. Según el informe los gastos globales del sector eran de 3.250 millones de dólares en 2011 y ascendieron a 4.350 millones en 2012.

De acuerdo con un ranking elaborado por SIPRI (Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo) Brasil se encuentra actualmente en la posición número 11 en el listado de países que más gastan en defensa a nivel mundial. Los tres primeros lugares del cuadro están ocupados por Estados Unidos, China y Rusia.

El Gobierno Federal de Brasil destacó que las inversiones militares se encuentran en franca e ininterrumpida expansión desde 2004. El aumento en términos absolutos durante el mencionado período fue de 480%, de 750 millones de dólares en 2004 a 4.350 millones en 2012.

¿Por qué Brasil necesita incrementar sus gastos de defensa?

El crecimiento de los gastos de defensa brasileños está impulsado por la necesidad del país de acercarse en volúmenes a sus socios del BRIC y a otras potencias relevantes para el equilibrio político global. La cuestión regional, que en el pasado fue prioritaria, se encuentra superada. Brasil invierte en defensa tres veces más que Colombia, nación que conserva el segundo presupuesto militar latinoamericano y diez veces más que Argentina, antiguo competidor por el liderazgo subcontinental.

El rol de Brasil dentro del sistema internacional como una potencia emergente hacen del mantenimiento de unas poderosas fuerzas armadas un factor central para la ejecución de una efectiva diplomacia. En lo que respecta a los asuntos que competen a la alta política internacional, los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa operan en forma coordinada y alineada. Solo basta observar como manejan su política exterior Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China para comprobar empíricamente esta pequeña afirmación. En Itamaraty trabajan sobre esta premisa hace ya mucho tiempo.

Al mismo tiempo la expansión de los gastos de defensa responde a la lógica necesidad de defender correctamente los importantes recursos naturales que atesora la extensa geografía brasileña. Las reservas de agua potable, el petróleo recientemente descubierto en el subsuelo marino, las riquezas existentes en el Amazonas así como también otros activos forman un patrimonio que pertenece a las futuras generaciones brasileñas y deben ser correctamente protegidos.

Una visión real del mundo

Son muchos los gobiernos latinoamericanos que cuestionan verbalmente el orden global y acusan a los países centrales de “imperialistas” o “colonialistas”. Por más discursos que se pronuncien, la lógica del funcionamiento del sistema internacional seguirá siendo la misma. En Brasil han aceptado las reglas de juego y trabajan en ese sentido. Contar con un brazo militar relevante le permitirá a la política exterior brasileña tener peso cierto en las discusiones de alta política internacional.

Henrique Capriles, excandidato presidencial de la oposición venezolana

Por: Andrés Mahecha Solano

Tras la muerte del comandante Hugo Chávez Frías el 5 de marzo, Venezuela se sumió en una gran incertidumbre donde nadie pudo predecir a ciencia cierta que pasaría. Luego de varios días donde gran parte del pueblo venezolano acompañado de docenas de líderes políticos de todo el mundo dieron su despedida al comandante Chávez, el CNE (Consejo Nacional Electoral) anunció que se celebrarían unas nuevas elecciones el 14 de abril.

Después del anuncio del CNE, la oposición comenzó a preparar su campaña electoral encabezada por Henrique Capriles, mientras el oficialismo reivindicaba a quien desde diciembre, cuando Chávez tuvo que ser trasladado a La Habana, se convirtió en el legítimo heredero del comandante: Nicolás Maduro.

El 14 de abril llegó, y los venezolanos, al igual que el mundo entero, estaba expectante a conocer quién sería el nuevo presidente de un Estado que no sólo posee una de las reservas más importantes de petróleo en el mundo, sino que también tiene una fuerte influencia en la región y un gran número de alianzas estratégicas con países de Asia y Oriente Medio.

Dicha expectativa terminaría a altas horas de la noche cuando Tibisay Lucena, presidenta del CNE, anunciara que con una tendencia irreversible y con un 50,78% de los votos, el candidato ganador era Nicolás Maduro, quien no solo se convertía en el nuevo presidente de Venezuela sino que también se convertía en el gran perdedor de las elecciones al no haber tenido la capacidad de mantener la cantidad de votos y la diferencia ante la oposición que su partido había logrado con el comandante Chávez, aun cuando lo poseía todo para dicho fin: la maquinaria del Estado, el presupuesto oficial, la bendición del fallecido Chávez, el control de las principales instituciones políticas, al igual que un fuerte control sobre los principales medios de comunicación.

Aun así, con un margen del 1,7% de los votos Maduro se proclamó ganador de las elecciones y Capriles por su parte, no acepto el resultado, denunciando no solo más de 3.100 irregularidades en los distintos puntos de votación, sino también exigiéndole al CNE un reconteo voto a voto de las elecciones, para poder aceptar la victoria del partido oficialista, algo que dentro de un sistema democrático es fundamental, ya que en unas elecciones democráticas no solo se necesita que alguien gane por mayoría de votos, sino también que sus opositores y sobre todo el pueblo acepte los resultados.

De esta forma se dio inicio a la crisis actual de Venezuela, con un partido oficialista que ya se ha posesionado y pretende mantener el poder a toda costa, una oposición que no admite su derrota y mucho menos la legitimidad del nuevo gobierno, y una institución política como el CNE que se niega a ser un reconteo completo de los votos tal como lo exige la oposición.

Así mismo, la oposición venezolana en cabeza de Capriles ha anunciado que no se darán por vencidos y que impugnaran las elecciones ante el TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) el próximo 6 de mayo, día en que se vence el plazo para realizar el trámite, lo que nos lleva a preguntarnos ¿qué pasaría si la TSJ le diera la razón al CNE y al partido oficialista? algo probable, en la medida que al igual que otras instituciones políticas el Tribunal Supremo de Justicia se encuentra influenciado por el partido oficialista.

Un fallo de TSJ a favor del partido oficialista, en su caso más extremo, podría llevar no solo a la movilización de quienes apoyan a Capriles, que según las elecciones son la mitad del pueblo venezolano, sino que podría terminas en disturbios y probablemente en una guerra civil apoyada por una parte considerable del ejército que siente que Maduro no es más que una marioneta de los hermanos Castro y que por lo tanto se está violando la soberanía del pueblo de Venezuela.

La oposición ha demostrado que no desea llegar a tal extremo, sino que por el contrario desea aclarar las dudas o acentuar más la ilegitimidad del gobierno, algo que está en manos de Maduro, por medio de las instituciones políticas internas y si es el caso, por medio de las instituciones internacionales.

Por otra parte, a la actual crisis se le suma la presión internacional representada en distintos actores regionales como la OEA (Organización de Estados Americanos), UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas), y varios Estados quienes si bien han reconocido a Maduro como el nuevo presidente de Venezuela, siguen manteniendo sus reservas al respecto y han expresado su deseo de que se le brinde a la oposición garantías que acaben de una vez por todas con las sospechas de fraude a las que la oposición hace referencia.

Ante este panorama, con los tres poderes políticos coaccionados por el partido oficialista y su fuerte influencia en instituciones que se hacen llamar “independientes” como el caso de la CNE, la oposición tiene poca maniobrabilidad para lograr un reconteo de votos que demuestre el fraude electoral, algo que la oposición sabe y que ha comenzado asimilar.

Sin embargo, el hecho de que la oposición sepa que es casi imposible luchar contra unas instituciones corruptas al interior de Venezuela, no significa que vayan a dejar de luchar por lo que para ellos es legítimo. La oposición sabe que si bien ya no hay mucho que hacer para demostrar el fraude, saben también que no se pude desperdiciar el capital político que hasta el momento se ha ganado, sino que por el contrario hay que aprovecharlo y crear la máxima duda posible no solo dentro del país sino fuera de él, lo cual les permita en unas futuras elecciones vencer al partido oficialista.

Enrique Peña Nieto, Presidente de México

Por: Juan Sebastián Granada

Desde el lunes pasado, un clima de inestabilidad se ha tomado el estado federal de Guerrero, en el suroeste mexicano. La razón: una reciente reforma al sistema educativo mexicano, cuya principal novedad es la creación de un Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación que 1) garantice el establecimiento obligatorio de evaluaciones periódicas para los maestros públicos y 2) erradique la corrupción del sistema educativo [1].

Para manifestar su desacuerdo con el contenido de esta reforma, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) organizó varias marchas durante la semana pasada; éstas, sin embargo, degeneraron en motines graves. Las sedes de los principales partidos políticos mexicanos fueron asaltadas por diversos grupos de manifestantes armados y encapuchados[2].

¿A qué obedece este tipo de movilizaciones de contestación violenta? ¿Basta con explicarlo a través del gesto – entre displicente y apático – que señala que los manifestantes son simples turbas de desadaptados sociales?

Entre otras muchas cosas, hay que entender que las manifestaciones de Guerrero sólo están parcialmente relacionadas con la al sistema educativo mexicano. La reforma es apenas una excusa por la que se filtra el descontento social generalizado que se vive en esa región y que, si no se soluciona, podría llegar a propagarse hacia otros estados federales.

¿Y de donde proviene el descontento social generalizado? De la incapacidad del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para movilizar una imagen renovada y eficiente de la democracia mexicana. Peña Nieto, de hecho, protagonizó el inevitable retorno de este partido al poder después de 13 años de ausencia en medio de una elección impugnada por fuerzas políticas y civiles. Pero el retorno del PRI era, en cierto sentido, inevitable porque el Partido Acción Nacional (PAN) no supo ni pudo enfrentar el problema del narcotráfico y de la corrupción que asolan a México.

En caso es que ni el PAN ni el PRI han podido realmente hacer frente a la degradación del a vida sociopolítica mexicana. Y frente a esta ausencia, la respuesta de la base de la sociedad ha sido, como dirían los mexicanos, “el desmadre”. 1) la corrupción, que antes se encontraba odiosamente reglamentada gracias al monopolio del PRI en el poder, es actualmente una especie de hidra de muchas cabezas que consume al Estado mexicano.  2) el narcotráfico contra el que el PAN luchó de manera infatigable pero torpe, también se ha reproducido en varios mini-carteles que hacen la ley en varios estados federales. Y 3) los grupos de autodefensas que han surgido como una respuesta – imperfecta y peligrosa – al narcotráfico y a la ausencia del Estado.

Son estos últimos grupos los que, según parece, han participado en las movilizaciones de la CETEG en el estado de Guerrero, convirtiendo las marchas en verdaderos motines. ¿Turbas de desadaptados sociales entonces? No, sin duda. Lo que verdaderamente nos indican las movilizaciones de contestación violenta es el desgaste de las frágiles democracias en la región.

Porque durante más de 100 años ha habido elecciones ininterrumpidamente, ciertos analistas siguen afirmando que México es la más estable democracia de América Latina. Una democracia, sin embargo, no se puede reducir a las elecciones. Sin duda, la alternancia los gobiernos es una de sus elementos definitorios. Pero además de este, una democracia se caracteriza por la resolución institucional de los conflictos y por la participación concreta de la ciudadanía. ¿Se cumplen esto en México? No. Y no se cumplirá mientras los partidos y los medios de comunicación sean el nido de la corrupción del país, y mientras el principal grupo de poder siga siendo el incontenible  narcotráfico que, aliado a los partidos, impide la verdadera prosperidad en la sociedad.

Horacio Cartes, presidente electo de Paraguay

Por: Ana Carolina Gómez

América Latina se ha debatido a lo largo de las últimas décadas entre gobiernos de izquierda y derecha, que a pesar de mostrarse como opuestos ideológicamente, no han logrado obtener resultados muy diferentes en cuanto a temas como la superación de la desigualdad o la desconcentración de tierras. Estos temas que han marcado la historia de la región, siguen pendientes en todas las agendas, sin importar quién se encuentre en el gobierno.

Los esfuerzos, sin embargo, han sido muchos. En la década de los noventa, la región se sometió al cumplimiento de las recetas dadas por los organismos financieros internacionales en el afán de insertarse en las dinámicas mundiales. Esta decisión se tomó tras ver el fracaso de modelos como el de sustitución de importaciones que, a pesar de estar basados en ideales favorables para el desarrollo interno, no resultaron sostenibles en el largo plazo.

En esta época las decisiones de apertura económica y aplicación del neoliberalismo parecían más compatibles con gobiernos de derecha, por lo que, tras su fracaso en el intento de responder ante las problemáticas económicas -sobre todo- sociales de la época, los ciudadanos movieron el péndulo hacia la izquierda.

Las promesas reivindicativas de esa izquierda lograron movilizar a grandes masas. Es el caso de países como Venezuela, Ecuador o Bolivia que retomaron elementos populistas del pasado y que han considerado que por medio de medidas como el alto gasto público o el otorgamiento de subsidios para ciertos sectores de la población se superarían problemas como la pobreza y la desigualdad.

Sin embargo, las elecciones de Paraguay realizadas este domingo nos demuestran que el discurso aparentemente renovador de la izquierda latinoamericana se ha desgastado y se puede percibir que el péndulo se mueve una vez más hacia la derecha. El presidente electo, Horacio Cartes, representa al Partido Colorado que por más de 60 años gobernó el país y que había perdido el poder tras la llegada de Fernando Lugo en 2008. Este exsacerdote proponía discursivamente la defensa de los pobres y de los excluidos y brindó esperanzas de cambio a los paraguayos.

A pesar de ello, Lugo fue destituido en junio del año pasado por el Congreso al ser considerado responsable de la masacre de Curuguaty, un episodio oscuro y confuso en el que murieron 11 campesinos y 6 policías en la lucha por un territorio. Esta situación fue considerada por la región como un golpe de Estado, demostrando así que América Latina no se ha librado de viejos fantasmas a pesar de algunos avances democráticos.

Lo anterior nos indica dos cosas: en primer lugar, que Latinoamérica es una región que no ha logrado ponerse de acuerdo sobre lo fundamental, es decir, sobre aquellos temas que deben trascender las posiciones políticas y que dan cuenta de una visión conjunta de nación.

Mientras que los esfuerzos no se concentren en lograr acuerdos mínimos comunes, cada gobernante de turno intentará crear nuevos modelos que estarán destinados al fracaso por no tener en cuenta la complejidad de las problemáticas, ni el bagaje histórico de estas. Así, el modelo económico o la garantía de los derechos fundamentales, por ejemplo, no deberían ser temas cuyos dueños sean grupos “de izquierda” o “de derecha”, sino decisiones conjuntas de una sociedad que, conociendo su historia, tiene una idea clara de su presente y su futuro.

En segundo lugar, este cambio político de la región muestra que la izquierda latinoamericana no ha logrado llenar adecuadamente los vacíos dejados por una derecha que muchas veces ha sido retrógrada. Puede ser que se deba a la falta de experiencia para gobernar ya que históricamente ha ocupado el lugar de la oposición.

La solución podría estar entonces en exigirle mejores gobiernos a partir de la experiencia adquirida en el ejercicio de gobernar. Sin embargo, las elecciones recientes nos demuestran que en política las oportunidades son escasas, y que la mayoría de los electores optan por pensar que “es mejor malo conocido que bueno por conocer”. Así, el riesgo de continuar sumergidos en los problemas estructurales está vigente, porque lo que la región necesita no es un gobernante de una determinada corriente política, sino de líderes que superen las mezquindades partidistas y construyan, tanto desde el gobierno como desde la oposición, un proyecto de país incluyente y fundado sobre bases democráticas sólidas.